Brasil: Orden de desalojo: futuro incierto para 277 familias de ocupaciones en Belo Horizonte

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Karol Assunção

Periodista de Adital

La vivienda es un derecho social garantizado en la Constitución Federal de Brasil. Aún así, millares de personas en el país todavía no tienen un lugar para vivir. Ellas todavía tienen que luchar para garantizar el cumplimiento de su derecho. Este es el caso de las 277 familias que viven en las ocupaciones Herman Dorothy y Camilo Torres, en la región de Barreiro, en Belo Horizonte (MG). Ayer (16), representantes de las dos comunidades participaron en una reunión con Alto Comando de la Policía Militar del Estado para discutir sobre los mandatos de reintegración de propiedad, emitidos por el Tribunal de Justicia de Minas Gerais.

Coincidencia o no, ayer fue justamente el día del cumpleaños número tres de la ocupación Camilo Torres. La celebración dio lugar a manifestaciones y reivindicaciones. Según comunicado de las Brigadas Populares, mientras la reunión era efectuada, familias de las Comunidades de Camilo Torres, Hermana Dorothy y Dandara, además del Forum Permanente de Solidaridad con las Ocupaciones, realizaban una manifestación frente a la Prefectura (Alcaldía) de Belo Horizonte, de donde saldrían en marcha hasta el Tribunal de Justicia de Minas Gerais.

Entre las reivindicaciones están la apertura del diálogo con el Gobierno del Estado y la suspensión del desalojo de las comunidades de Barreiro, Fray Gilvander Moreira, integrante de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), afirma que las demandas de las familias son legítimas, porque hay una serie de ilegalidades que invalidan la ejecución de la orden de desalojo.

El comunicado de las Brigadas Populares revela que los representantes de las comunidades, en reunión, listaron diez impedimentos, entre ellos: la falta de una propuesta de reasentamiento, el estar pendiente el recurso presentado por la Defensoría Pública al Tribunal Superior de Justicia (STJ), y la ilegal trasmisión de los inmuebles en este caso, ya atestiguada por el Ministerio Público Estadual.

Otro punto destacado en el comunicado y también destacado por fray Gilvander, es la cuestión de los contratos de compra y venta de los terrenos donde las comunidades están asentadas. Según el integrante de la CPT, las áreas eran del Gobierno estadual, que en 1992, las pasó a empresas privadas con la condición de que éstas deberían construir industrias en un plazo de 24 meses con el fin de generar empleo en la región.

Seis meses después, las empresas vendieron los inmuebles a otras, sin cumplir con el contrato. Pasaron 16 años y ninguna industria fue levantada en el lugar.”Dejaron el terreno abandonado, para hacer especulación inmobiliaria, sin cumplir la función social”, denuncia el miembro de la CPT. Para él, la orden de desalojo es "Ilegal e inmoral”. Y anuncia: Si insisten en ella, habrá una "masacre”, pues las familias están dispuestas a resistir.

Para Fray Gilvander, la expectativa es que el Gobierno acate el pedido de diálogo de las comunidades y trate la situación de las familias como una cuestión política y no como un "caso de policía”.

Las comunidades Hermana Dorothy y Camilo Torres no son las únicas amenazadas con desalojo en la capital minera. Según Fray Gilvander, la Comunidad de Dandara, en el barrio Céu Azul, también sufre el mismo problema. "Hay una tercera comunidad, la Dandara, con 887 familias. También tienen pedido de reintegración de la propiedad (contra la ocupación), pero el mandato de desalojo todavía no llegó a manos de las policía”

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