Argentina: Diaguitas denunciar la discriminación por el desalojo violento de sus tierras

La comunidad diaguita, Las Pailas, en Salta, fue al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) para denunciar el desalojo violento de que fueron víctimas el mes pasado.

Los miembros de la comunidad presentó una denuncia ante el INADI en Salta contra María Flores, presidente del comité municipal, así como otras acciones legales a nivel provincial, Ambrosio Casimiro informó.

Los diaguitas de Las Pailas se encuentran actualmente en una "asamblea permanente" con sus homólogos de La Aguada, Las Trancas y El Algarrobal, en vista de la posibilidad de desalojos por sus nuevos propietarios.

"El intendente dice que no tienen existencia jurídica de la empresa y que no somos una comunidad indígena. Eso tiene graves consecuencias porque eso significa que están haciendo caso omiso de la Ley 26.160, que impide los desalojos ", dijo Casimiro con respecto a la denuncia presentada ante el órgano de gobierno.

"Eso es discriminación, razón por la cual presentó una denuncia ante el INADI", agregó.

De acuerdo con Casimiro, el abogado de los Diaguitas, Gustavo Miranda, desafió a María Graciela Faber, el juez que ordenó el desalojo, y ha tomado el caso de Salta, la capital.

"Veinte mil hectáreas, incluyendo las montañas, apachetas, corrales, aguadas y montañas sagradas", son reclamados por los miembros de la comunidad de Las Pailas.

Por otra parte, Casimiro dijo que, a pesar de la ignorancia de las autoridades judiciales que ordenaron el desalojo ", una encuesta de la tierra está llevando a cabo con funcionarios de la nación", haciendo referencia al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

La delegación del INADI en Salta continúa con la investigación en cuanto a si se trataba de un caso de discriminación.

Un grupo de ambientalistas y organizaciones indígenas llegó a Cachi, 157 kilómetros al sureste de la capital salteña, como signo de solidaridad con la comunidad de Las Pailas.

Violento desalojo

Como se recordará, la policía salteña desalojó violentamente a cinco familias diaguitas de la tierra que habían ocupado tradicionalmente el 17 de diciembre. De inmediato procedieron a destruir las casas de las partes desalojados, así como sus cultivos, huertos, las cercas y los corrales.

Las acciones fueron ordenadas por el Tribunal Correccional de la Octava y Supervisión bajo la responsabilidad de la jueza Mónica Graciela Faber, a favor de Robles, el propietario, que acaba de comprar la tierra donde los diaguitas han vivido siempre.

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