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Natasha Pitts
Periodista de Adital
Desde el último día 17, los países de América Latina y el Caribe pueden contar con el ‘Observatorio del Derecho a la Alimentación’. Creado para investigar las legislaciones de los países de la región para asegurar el derecho básico a la alimentación, el observatorio fue lanzado oficialmente en Bogotá, Colombia, después de un taller de dos días sobre el tema.
El Observatorio del Derecho a la Alimentación para América Latina y el Caribe analizará el impacto de las leyes en la protección efectiva del derecho a la alimentación, que es la base para la seguridad alimentaria, y apoyará los esfuerzos de los países dispuestos a garantizar esta seguridad a su población.
También será parte de los trabajos del observatorio difundir la realidad regional del derecho a la alimentación. Con esto, se espera generar un debate en las universidades y en el ámbito de los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo sobre la necesidad de implementación de políticas específicas en los diferentes países.
La publicación periódica de documentos académicos y de investigación, el financiamiento de investigaciones y la creación de una biblioteca virtual con materiales relacionados con el derecho a la alimentación serán algunas de las principales actividades del nuevo mecanismo.
La iniciativa es apoyada por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por su sigla en inglés) y cuenta con la participación de especialistas de Facultades de Derecho así como de centros de estudios jurídicos de cerca de 20 universidades, siendo diez de Colombia y las demás de Argentina, Chile, Cuba, México y Venezuela.
De acuerdo con Juan Carlos García, coordinador del proyecto de la FAO, la creación del observatorio fue uno de los objetivos que los países de la región se propusieron alcanzar por medio de la ‘Iniciativa América Latina y Caribe Sin Hambre’.
En la evaluación de Alan Bojanic, representante regional adjunto para América Latina y el Caribe de la FAO, países como Argentina, Brasil, Ecuador, Guatemala, Nicaragua y Venezuela avanzaron en la aprobación de leyes que garantizan el derecho a la alimentación.
Sin embargo, un gran desafío todavía persigue a éstos y otros países, que es "establecer y adecuar las normas y procedimientos para facilitar el reclamo y exigibilidad del mismo, así como su conocimiento por parte de juristas, abogados, fiscales y jueces, para que haya una garantía efectiva de este derecho”.
Para Bojanic, que se basa en un enfoque de los derechos humanos, los Estados deben asumir la responsabilidad de desarrollar y aplicar proyectos y políticas públicas que garanticen a toda la población de su territorio el derecho a la alimentación de acuerdo con las normas internacionales firmadas.
Traducción: Daniel Barrantes
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