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Los familiares de 24 policías muertos durante una protesta indígena responsabilizan a la ex titular de Interior y tres generales por homicidio culposo. El anuncio de un juicio contra una ex ministra y tres generales de policía, por las familias de 24 policías victimados durante una protesta indígena, tiende a confirmar la responsabilidad oficial en la matanza.
Los deudos de los uniformados coincidieron en tal sentido con las organizaciones indígenas que señalan al Gobierno como principal culpable de la masacre registrada el 5 de junio de 2009 en la nor- amazónica zona de Bagua, donde murieron también 10 civiles.
El anuncio acusa de homicidio culposo a la entonces ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, por haber ordenado el desalojo del bloqueo indígena de un tramo de carretera conocido como Curva del Diablo, que derivó en las muertes de 23 policías y 10 civiles y la desaparición de un oficial.
Los denunciantes acusan, además, por el mismo cargo a los generales de policía Luis Muguruza, Luis Uribe y José Sánchez, quienes dirigieron la operación, y argumentan que las investigaciones del Gobierno y el parlamento no han dado resultados y la matanza sigue impune.
Las acciones policiales y judiciales posteriores a la matanza han estado dirigidas fundamentalmente contra dirigentes indígenas y hasta periodistas y religiosos acusados de incitar a los nativos.
Los familiares de las víctimas policiales invocan uno de los informes parlamentarios sobre la masacre, que señala a Cabanillas y los tres generales como responsables, por haber ordenado una operación mal planeada y haber enviado a los policías sin los medios adecuados.
La ex ministra Cabanillas, parlamentaria aprista, rechazó la acusación negó haber dado la orden de desalojo de los nativos y sostiene que las responsabilidades de la operación son solamente policiales.
Cabanillas, quien dejó el cargo en una crisis ministerial causada por la matanza, ha alegado que la decisión de restablecer el orden fue adoptada por el Consejo de Ministros y que ella la transmitió al comando policial, el cual aplicó un procedimiento ya establecido.
Los familiares rechazan la versión y señalan que es imposible que una operación policial de tal envergadura se hubiera realizado sin una orden o al menos la conformidad de la ministra, bajo cuya autoridad estaba la policía.
Prensa Web La Radio del Sur
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