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El goteo de nuevos casos de robos de niños en los hospitales durante el franquismo y los primeros años de la democracia no cesa. En los últimos días, la cuestión ha tomado una dimensión mayor, después de que una asociación de afectados interpusiera una denuncia de 261 casos -entre ellos también vascos- ante la Fiscalía General del Estado.
Desde entonces, la representante de este colectivo en Euskal Herria, la irundarra Flor Díaz, ha recibido «multitud de llamadas y correos» en los que otros ciudadanos vascos denuncian haber sido víctimas del mismo delito. De momento, ha recopilado cuarenta casos: una veintena de ellos en Guipúzcoa, catorce en Bizkaia y siete en Áraba, pero «tenemos conocimiento de muchos más», asegura. Ahora, las fiscalías provinciales serán las encargadas de investigar las denuncias.
En la trama estarían involucrados «médicos, matronas y funcionarios da la dictadura fascista española».
Desde el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco confirmaron ayer que serán las fiscalías provinciales quienes se encargarán de las pesquisas. Y lo harán por mandato expreso de la Fiscalía General del Estado, que coordinará su trabajo. Como explica Enrique Vila, abogado de Anadir, finalmente el Ministerio Público «ha aceptado» la denuncia que presentaron a finales de enero, «a pesar de las informaciones que apuntaban en un primer momento a que no iba ha haber investigación».
De hecho, según señala Vila, la Fiscalía General del Estado «no llevará físicamente» las investigaciones, pero remitirá a cada uno de los responsables provinciales las denuncias correspondientes para que inicien las pesquisas en cada uno de los 261 casos presentados. «Los hechos que se estudiarán pueden suponer delitos de suposición de parto, falsedad de documento público y tráfico de niños», precisa el letrado.
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